POR
RAYMUNDO LEÓN
Presiones
al fin de trienio
Al final de cada trienio, comerciantes
informales presionan. Buscan lograr más espacios, más permisos y más
“tolerados” en las calles de Xalapa. Por años ha sido así y todo el mundo lo
sabe. Por ello, no es de extrañar que las “noticias” en las que los
comerciantes informales sean los protagonistas vayan en aumento a medida que
finaliza la administración municipal.
El gobierno municipal hace valer la ley existente y con base en ella no
cederá a presiones.
Lo que se advierte es que a pesar de las
presiones que puedan ejercer, el gobierno municipal no cederá y no otorgará ni
más permisos, ni más espacios y no tolerará a más “tolerados”. Lo ha hecho
durante los dos años y medio de la administración y lo hará hasta el 31 de
diciembre de este año. Para ello se basa en el Acuerdo de Cabildo firmado el 26
de mayo de 2008 en el que se establece que la venta ambulante de productos
diversos en las calles del centro histórico de Xalapa no está permitida. También
existen dos acuerdos previos de 2004 y 2005 que establecen lo mismo, además del
artículo sexto del Reglamento de Desarrollo Económico Municipal.
Ya Edgar Portilla Salazar, director de
Comercio municipal, informó que “en el año 2004, la autoridad municipal entregó
alacenas y vitrinas a comerciantes informales para la venta de mercancías
diversas en el interior de la Plaza Clavijero. En su momento los comerciantes
estuvieron de acuerdo con la reubicación; ahora, algunos han traspasado o
vendido los locales y han decidido regresar a las calles para la venta de sus
productos”.
En el país, todos tienen derecho a un trabajo
digno, pero también todos deben respetar los lineamientos que existen para
ello. El gobierno municipal hace valer la ley existente y con base en ella no
cederá a presiones. Ignorar la ley y ceder a las presiones sería equivalente a
llenar las calles del centro histórico de comerciantes informales. Sería
equivalente a hacer lo mismo que han hecho administraciones anteriores: fomentar
la competencia desleal entre comerciantes establecidos e informales.
Descontento
creciente
Se señaló la semana pasada: En la Escuela
Secundaria General Número 1 “Sebastián Lerdo de Tejada” hay un descontento
creciente que pude llegar a su clímax en los próximos días. Es que ahí, la
asociación de padres de familia, exige el pago obligatorio, por concepto de
aportación voluntaria, de 900 pesos, 300 de los cuales corresponden a la rifa
de un automóvil Nissan que se realizará el 25 de abril del próximo año por
conmemorarse 50 años de la fundación del mencionado centro educativo.
El problema es que, se segura, no hay un informe acerca de qué es lo que
se hizo con los recursos que se recibieron durante el año pasado.
Los reclamos crecen y hasta ahora ninguna
autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz ha intervenido en el
problema. Y ni para enviar a la supuesta representante de los padres de familia
en el estado, Rita María Guerra Nogueira, porque no tendría calidad moral para
emitir recomendaciones, además de que en la APAFEV los recursos públicos que se
reciben del gobierno estatal se manejan con opacidad inaudita.
A los padres de familia de la citada escuela se
les exige pagar primero su cuota en el banco y después acudir a inscribir a sus
hijos, si no es de esa forma no hay inscripción. Los 900 pesos deben
depositarse en el banco HSBC y en la cuenta número 4054542980 a nombre de la
tesorera de la asociación de padres de familia, Erika Patricia Vázquez
Velásquez, lo que sin duda alguna es una seria anomalía. En esta situación de
exigencia de recursos se encuentra inmerso Maximiliano Merino Roldán, que al
parecer es profesor jubilado del CBTIS 13, y quien lleva dos años como
presidente de la citada asociación, además de que no se sabe si tiene o no
hijos en la citada escuela. También lo está David Mejía Moctezuma, director del
plantel educativo. A los tres, los padres de familia los señalan ya de usar a
su favor recursos procedentes de los padres de familia.
La asociación de padres de familia de la
Escuela General Número 1 “Sebastián Lerdo de Tejada” recibió para el ciclo
escolar 2012-2013 un aproximado de 900 mil pesos considerando a mil 600 alumnos
en los dos turnos. Para el próximo ciclo, se calculan un millón 440 mil pesos.
El problema es que, se segura, no hay un informe acerca de qué es lo que se
hizo con los recursos que se recibieron durante el año pasado. Y nadie se traga
el cuento de que en una sala de lectura y biblioteca y un mural en la plaza
cívica la asociación de padres de familia de la escuela se gastó 900 mil pesos
porque la escuela luce sucia y descuidada. Los paterfamilias extrañan a la mesa
directiva de hace dos años que, aseguran, rendía cuentas e hizo mucho en favor
de la citada escuela.
Por situaciones como la expuesta, urge que se
reforme el artículo 102 de la Ley General de Educación para el Estado de
Veracruz. Este artículo ordena que la organización y funcionamiento de las
asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las
autoridades de las escuelas, se sujeten a las disposiciones que emita la
autoridad educativa federal, disposiciones que se contienen en un reglamento
expedido conforme a la anterior Ley Federal de Educación y que no se ha
actualizado en razón de que, desde 1992, se descentralizó la función educativa,
por lo que se transfirieron, de la Federación a las Entidades Federativas, las
principales atribuciones en esta materia. Ello explica, se lee en la iniciativa
de reforma presentada por la diputada Diana Santiago Huesca, que en lo
referente a las asociaciones de padres de familia exista un vacío legal, toda
vez que el reglamento a que deben sujetarse está desfasado tanto del derecho
positivo como de la realidad social, pues se emitió para un orden jurídico y un
tiempo muy diferentes a los actuales. Urge, pues, un
reglamento local que satisfaga las
necesidades de establecer normas claras y precisas para la integración y funcionamiento
de dichas agrupaciones.
Perversa
y mafiosa maniobra
Se sabe que Rita María Guerra Nogueira,
presidenta no renovable de la Asociación Estatal de Padres de Familia (APAFEV)
busca afanosamente al diputado Ulises Ochoa Valdivia con la finalidad de poder
negociar con él que la iniciativa de reforma del artículo 102 de la Ley General
de Educación para el Estado de Veracruz sea enviada a la congeladora. La razón
es que a ella es a la que menos conviene que exista un reglamento “que
satisfaga las necesidades de establecer normas claras y precisas para la
integración y funcionamiento” de las asociaciones de padres de familia,
incluyendo la estatal.
Rita María Guerra Nogueira y Ulises Ochoa
Valdivia, perversa y mafiosa maniobra.
La perversa y mafiosa maniobra podría
funcionar, porque hace unos días se vio al secretario particular del diputado
local en las mismas oficinas de la APAFEV, quien según versiones, llevó la
encomienda de concertar una entrevista entre la presidenta no renovable de la
APAFEV y el legislador veracruzano, quien, aseguran, está muy molesto porque la
diputada Diana Santiago Huesca lo ha “difamado” una y otra vez por su nulo
trabajo.
Otro dato, desde la misma APAFEV o la
Secretaría de Educación de Veracruz alguien tendría que esclarecer si Rita
María Guerra Nogueira e Itzel Rodríguez Mesa, presidente y vicepresidenta de la
citada asociación, podrían seguir fungiendo como tales ya que a partir del
próximo ciclo escolar ninguna de las dos tendrán hijos en jardín de niños,
primaria o secundaria, niveles en los que la APAFEV se atribuye representación
entre los padres de familia. Sin duda, es una representación que se mofa de los
padres de familia.
Pero si los padres de familia en general se
quedan callados ante las denuncias de opacidad que existe desde la APAFEV,
entonces ninguno tendrá derecho a quejarse amargamente cuando los obliguen a
pagar las "aportaciones voluntarias" en las escuelas y mucho menos
cuando nadie quiera rendirles cuentas de qué es lo que se hace con el dinero
que aportan a las sociedades de padres de familia.
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